La exmandataria de facto Jeanine Áñez; los exministros Rodrigo Guzmán (Energía) y Álvaro Coimbra (Justicia) y exjefes militares se encuentran en prisión preventiva por delitos de sedición, conspiración, terrorismo, entre otros, en el caso golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
Asimismo, fueron emitidas este viernes órdenes de aprehensión contra el empresario Fernando Camacho, uno de los principales instigadores de la asonada golpista, y el extitular de la Presidencia Yerko Núñez.
La derecha boliviana y Luis Almagro, secretario general de la OEA, cuestionaron esas detenciones y calificaron de ‘persecución política y hostigamiento’ los procesos judiciales que buscan esclarecer las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), con un saldo de 33 muertos y cientos de heridos en 2019.
La Cancillería boliviana, a través de un comunicado, respondió que Almagro no tiene ética ni moral para inmiscuirse en asuntos internos.
‘El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia repudia las opiniones con las que Luis Almagro pretende dañar a un gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez’, precisó la nota.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, afirmó que Almagro es corresponsable del golpe de Estado en Bolivia.
Llorenti denunció que la actual secretaria de la OEA cumple una agenda de política exterior dictada por Estados Unidos y es un agente desestabilizador de los gobiernos que no se alinean a los intereses del país norteño.
Un comunicado emitido por ALBA-TCP el jueves pasado, advirtió a la comunidad internacional que las acciones de Almagro constituye una ‘gravísima violación a los principios y propósitos de le Carta de la Organización de Naciones Unidas (…) y sólo promueven confrontación y desestabilización de los procesos democráticos’.
Denunció la participación de esa organización en el golpe de Estado de Bolivia en 2019, los cual-recuerda el texto- fue denunciado por la represión desatada y promover el racismo, la intolerancia contra los movimientos sociales y los pueblos originarios.
A nombre de la justicia para las víctimas y sus familiares, este jueves marcharon por las calles de la ciudad de La Paz cientos de personas que respaldaron las detenciones de los golpistas y rechazaron las críticas de la derecha.
Asimismo, el Pacto Unidad, que agrupa a varias organizaciones sociales, anunció una marcha para el 22 de marzo próximo en los nueve departamentos del país en respaldo al Gobierno de Luis Arce, y su proceso de cambio.
Debido a las reacciones de los Comité Cívicos, los partidos políticos de derecha, jerarcas de la iglesia católica y empresarios miembros de los medios de comunicación por la aprehensión de exautoridades, la alianza analizó la situación nacional y emitió un comunicado.
En el texto condena las marchas de protesta en rechazo a la investigación del Ministerio Fiscal denominada caso Golpe de Estado y denuncia que esos actos son una muestra de confrontación para desestabilizar la gestión de Arce.
El Pacto recuerda que ya se conoce la receta de quienes perdieron las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, por lo cual no permitirá las afrentas contra la actual administración electa con el 55,10 por ciento de los votos.
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