Con la ley de caducidad pactada por el gobernante Partido Colorado a la vuelta a la democracia en 1985 para dejar impunes a militares denunciados, solo en 2011 bajo el gobierno del Frente Amplio dichas víctimas pudieron contar lo ocurrido.
En octubre de esa última fecha 26 mujeres pusieron en conocimiento de la Justicia los apremios físicos y psicológicos a los que fueron sometidas, las privaciones ilegítimas de la libertad que sufrieron y en especial los abusos sexuales de que fueron objeto.
La jueza Silvia Urioste hizo lugar horas atrás el pedido del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, para procesar a los militares retirados Antranig Ohanessian y Jorge Silveira por los delitos de abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad, lesiones graves y atentado violento al pudor.
Silveira se encuentra preso por otros delitos de la dictadura, en tanto Ohannessian fue integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y lo detuvieron en 2013 por la causa del Plan Cóndor abierta en Italia.
Una ley impulsada por la mayoritaria bancada legislativa frenteamplista en anteriores gobiernos permitió encausar a perpetradores de delitos de lesa humanidad que no prescriben y se creó una fiscalía especializada para impulsar el ejercicio de la justicia.
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