En su cuenta de Twitter el canciller significó que la calificación de la República Bolivariana como amenaza inusual y extraordinaria para el país del norte ‘pretende justificar la aplicación de ilegales medidas coercitivas unilaterales’.
Deben cesar los intentos de desestabilización y asfixia económica contra el hermano país, añadió el jefe de la diplomacia de la isla.
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Desde 2005 Venezuela enfrenta las consecuencias de la política de Washington, como reconoció el pasado mes de febrero un informe de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Alena Douhan.
A partir de ese momento la Casa Blanca introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas, y en 2006 impuso un embargo de armas por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los denominados esfuerzos antiterroristas.
En 2015, el entonces mandatario norteamericano Barack Obama (2009-2017) declaró al país sudamericano como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos, lo que abrió las puertas a la imposición de nuevas medidas coercitivas.
Entre las instituciones afectadas se encuentran la empresa estatal Petróleos de Venezuela, a la cual le fueron bloqueadas sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses.
El impacto de estas disposiciones afecta la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19, según denunciaron las autoridades de Caracas.
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