La solicitud del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, se inscribe en una denuncia que relaciona al mandatario y a varios secretarios de estado con la represión de la policía nacional y Fuerzas Armadas contra manifestantes que participaron en el paro desarrollado en octubre de 2019 contra medidas económicas de corte neoliberal dispuestas por el gobierno.
La exministra de Gobierno (Interior) María Paula Romo y el actual titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, son los otros acusados como responsables de la violencia desatada contra quienes estuvieron en las marchas de 11 días consecutivos.
Carrión también demandó vincular en el caso al excomandante general de la Policía Nelson Villegas, el exjefe de Estado Mayor Lenin Bolaños, la exinspectora general María Fernanda Tamayo y el exdirector general de Operaciones Hernán Carrillo.
La denuncia fue interpuesta poco después de la publicación de un informe, elaborado por la Comisión Especial de la Verdad y la Justicia, en el cual expuso resultados de testimonios recibidos durante una indagación sobre los hechos ocurridos en las jornadas de protesta.
El equipo investigador concluyó que hubo vulneración de los derechos humanos de múltiples personas movilizadas.
Asimismo, Freddy Carrión pidió a las autoridades protección a su persona y familia debido a amenazas por su postura crítica y la denuncia presentada.
‘Solicito se considere de modo urgente y prioritario el ingreso de mi familia y el mío al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal por haber recibido múltiples amenazas’, señaló al respecto.
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