Tras la crisis política que provocó la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en noviembre de 2019 por un supuesto fraude en las elecciones generales, asumió el poder en el país suramericano una administración que se caracterizó por persecuciones, racismo y discriminación.
El descontento popular y la fuerte represión policial y militar dejaron un saldo de más de 30 muertos y cientos de heridos, de ahí que el Gobierno de Luis Arce, no deje impune al régimen de facto de Jeanine Áñez, y exautoridades responsables por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto).
De los fallecidos en esos y otros hechos lamentables, 27 fueron por proyectiles de bala, algunos con calibre 22, otros con calibre 5,5 milímetros y calibre 7,62, según fuentes oficiales.
Añéz y los exministros Rodrigo Guzmán (Energía) y Álvaro Coimbra (Justicia) actualmente se encuentran en prisión preventiva, junto a exjefes militares, mientras están prófugos Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa), todos procesados por terrorismo, sedición y conspiración en el caso golpe de Estado.
Con orden de aprehensión también se encuentra el extitular de la Presidencia Yeko Núñez.
Pese a las críticas de la derecha que alega una ‘cacería de brujas’ y la injerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ministerio de Justicia boliviano garantiza el debido proceso y los derechos humanos de los detenidos.
El pueblo nuevamente salió a las calles recientemente para respaldar a Arce y el proceso de cambio que impulsa, un programa gubernamental que también incluye llevar ante la justicia a quienes enlutaron a varias familias y discriminaron a grupos vulnerables de la sociedad.
Derecho a la salud, educación, a vestir prendas indígenas, entre otros, fueron quebrantados durante 11 meses en una clara violación a la Constitución Política que, desde 2009, definió a Bolivia como un Estado Plurinacional como reconocimiento a las 36 naciones indígenas originarias campesinas.
Cada día, medios estatales de prensa revelan testimonios de víctimas y familiares de las masacres, esperanzados de ver tras las rejas a quienes privaron de la vida a sus seres queridos y que la justicia no permitirá dejar sus muertes impunes.
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