En ocasión del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, ganan vigencia las denuncias del Estado venezolano sobre las afectaciones ocasionadas por las acciones punitivas de Washington.
Al intervenir recientemente ante el Consejo de Derechos Humanos, el embajador venezolano ante ONU-Ginebra, Héctor Constant, aseveró que resulta imposible hablar de este tema en relación al país sudamericano, sin abordar el efecto de las denominadas sanciones adoptadas por el Gobierno estadounidense.
En respuesta a la última actualización del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela, el diplomático llamó al organismo a exigir el cese de las medidas coercitivas.
Durante su reciente visita a la nación sudamericana, la relatora especial de la ONU Alena Duohan manifestó que las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero menoscaban el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.
Asimismo, señaló que tales acciones exacerbaron la situación económica preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, con un efecto devastador en toda la población de Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la víspera una resolución sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas en el ámbito humanitario, decisión celebrada por el Gobierno venezolano.
‘Es innegable el daño criminal contra la vida de los venezolanos y las naciones libres del mundo’, escribió el presidente Nicolás Maduro en la red social Twitter en referencia al documento aprobado con 30 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.
‘(…) por ética elemental, los países que votaron en contra deberían perder su asiento en el Consejo’, subrayó a su vez el canciller Jorge Arreaza, quien ratificó la posición histórica de Venezuela de imponer los principios de no injerencia, objetividad y diálogo por encima de ‘presiones imperiales’.
En reiteradas ocasiones, el Estado venezolano cuestionó los intentos de emplear la institucionalidad de la ONU para aplicar medidas de coerción, mediante la politización del tema de los derechos humanos.
De acuerdo con Caracas, el más reciente informe de la alta comisionada Michelle Bachelet careció del balance necesario y presentó información no verificada, además de ignorar u omitir la existencia de una agresión multiforme por parte de Washington y sus aliados contra la nación bolivariana.
El Ejecutivo bolivariano calificó entonces de desacertadas las declaraciones de la funcionaria y lamentó el ‘desbalanceado reporte emitido por mandato de una politizada resolución, (…) promovida por Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima’.
Venezuela sometió a revisión su relación con la oficina de la alta comisionada, al considerar preocupante que esta instancia ceda ante la presión de actores anti venezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad.
En opinión del fiscal general Tarek William Saab, bajo la excusa de supuestas violaciones de derechos humanos, Venezuela sufre los efectos de constantes ataques, sanciones y hasta amenazas de intervención.
‘Se ha pretendido segregarnos, sancionarnos y hasta invadirnos; sabemos cómo demostrar la labor del Estado para enfrentar la violación de derechos humanos’, aseveró el titular del Ministerio Público en una reciente intervención ante la Asamblea Nacional (Parlamento).
Solo entre 2017 y 2020, se imputaron a 677 funcionarios de seguridad y 39 civiles por presuntas violaciones en ese ámbito, y resultaron aprehendidos 519 agentes y 29 particulares, y se lograron sentencias condenatorias contra 171 y 13, respectivamente.
‘Son cifras que hablan de un esfuerzo sostenido, de dar ejemplo e inhibir cualquier intento de abusar y atentar contra la integridad o la vida de los ciudadanos’, aseveró el funcionario.
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