Más de 100 familias humildes del poblado de Caimanera perdieron su sustento por la arbitrariedad, y se vieron obligadas a transformar su modo de vida en tierra cubana, por disposición de un país extranjero, informaba entonces el periódico Revolución.
Asentado en esos predios desde 1903 en virtud de un acuerdo forzado, el enclave militar pasó a ser, desde enero de 1959, un foco permanente de amenazas y provocaciones contra la nación caribeña.
De ello no escaparon los residentes del municipio y los civiles que trabajaban en la base, pues cerca de 700 sufrieron despidos, otros perdieron su jubilación e incluso llegaron a ser víctimas de violencia.
Tal fue el caso del obrero Manuel Prieto, torturado por soldados estadounidenses; y del trabajador Rubén López y el pescador Rodolfo Rosell, estos últimos asesinados, según consta en la Demanda del pueblo de Cuba a Estados Unidos por daños humanos, aprobada en mayo de 1999.
La lista de agresiones denunciadas por el gobierno de la isla incluye acciones como el lanzamiento de materiales inflamables, y los insultos y disparos a sus postas militares, que arrancaron la vida al joven de 17 años Ramón López y a Luis Ramírez.
También las violaciones de las aguas jurisdiccionales y del territorio nacional, así como los planes norteamericanos de autoagresión, con el propósito de provocar una lucha armada de gran escala entre ambos países.
De acuerdo con un artículo publicado en el sitio web Razones de Cuba, entre 1962 y 1996 ocurrieron ocho mil 288 transgresiones principales desde la base naval en Guantánamo.
La mayor de todas, sin embargo, es la propia existencia del enclave, ilegal a la luz de las leyes internacionales y de la nación caribeña, teniendo en cuenta que surgió de la aplicación de un apéndice impuesto a la Constitución cubana de 1901, por presiones de Washington.
Precisamente la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Tratados, celebrada en Viena en 1969, aprobó una Declaración sobre la Coacción Militar, Política o Económica en la Celebración de Tratados, en la cual condena ‘el recurso a la amenaza o al uso de la presión’ en los convenios.
La base naval estadounidense en Guantánamo también coincide plenamente con lo previsto en el artículo 42 de la IV Convención de La Haya (1907), que ‘considera un territorio como ocupado ilegalmente cuando se encuentra colocado bajo la autoridad o control efectivo del ejército enemigo’.
La permanencia de Estados Unidos en ese territorio cubano califica incluso como un acto de colonialismo, basado en la resolución No.1514 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960.
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