Tres legislaciones recibieron la aprobación parlamentaria durante una sesión plenaria, este miércoles, para revisar la ley de la Corporación de Tierra y Vivienda, la de ética del servicio público y la especial de viviendas públicas, indicó la agencia Yonhap.
Las iniciativas buscan erradicar las transacciones ilegítimas de inmuebles de los funcionarios, basadas en información secreta obtenida trabajando para el Gobierno sobre el desarrollo de tierras.
El escándalo que motivó estos debates se centra en las acusaciones de que los empleados utilizaron información privilegiada para hacer compras especulativas de terrenos en sitios para los proyectos públicos.
La reforma de la ley permite la confiscación de las ganancias financieras obtenidas, mediante acuerdos inmobiliarios basados en esa información, por los empleados de la Corporación de Tierra y Vivienda en los últimos 10 años.
La ley de ética del servicio público amplía los requisitos obligatorios de declaración de activos, actualmente aplicables solo para los funcionarios de alto rango, a fin de cubrir también a los de rangos menores que trabajen en las oficinas municipales u otras agencias gubernamentales.
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