Pero también pone en evidencia una vez más a La Moneda ante la opinión pública, en momentos cuando el presidente Sebastián Piñera dice ‘estar abierto’ a ampliar las ayudas estatales, pero rechaza propuestas en esa dirección.
La víspera, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, con el rechazo de los parlamentarios de derecha, un proyecto para establecer un impuesto a las grades fortunas del país.
Esa iniciativa presentada el año pasado por diputados del Partido Comunista y de otras bancadas de oposición, busca recaudar más de seis mil millones de dólares, que permitirían brindar una renta básica de emergencia durante varios meses a millones de chilenos.
Tal ayuda sería posible con un gravamen del 2,5 por ciento, por una sola vez, a los patrimonios iguales o superiores a 22 millones de dólares, lo cual según sus promotores, pondría en manos del Estado suficiente dinero para asistir a quienes perdieron sus empleos o mermaron sus ingresos por efecto de la crisis causada por la pandemia.
De paso, afirman, mitigaría en alguna medida las enormes desigualdades existentes en Chile, donde los trabajadores y la clase media se han empobrecido, mientras la mayoría de los súper ricos, incluido el propio Piñera, aumentaron sus fortunas a pesar del Covid-19.
Pero tras la votación, Máximo Pávez, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, anunció que el Gobierno presentará una reserva de constitucionalidad, porque el texto presenta ‘defectos de fondo’.
El éxito del proyecto es dudoso, pues demanda una alta votación a su favor en plenaria y los diputados de derecha y La Moneda se oponen en bloque.
La misma comisión también aprobó otra reforma que busca permitir un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, presentado por los diputados de la Federación Regionalista Verde Social con respaldo de otras bancadas.
A diferencia de la anterior, esta propuesta recibió el respaldo de parte de los legisladores oficialistas, lo que coloca al gobierno en una situación incómoda, pues desde sus propias filas le piden desistir de llevarla al Tribunal Constitucional.
Además, recientes encuestas indican que alrededor del 78 por ciento de la población apoya ese tercer retiro de fondos y aseguran que sacarán sus ahorros aunque se queden en cero, debido a las urgencias inmediatas para poder sobrevivir.
Al respecto, la diputada opositora Alejandra Sepúlveda calificó de desfachatez del gobierno acudir al Tribunal Constitucional y llamó a las autoridades a recapacitar.
Recordó que este recurso ‘ha sido una ayuda efectiva a las personas en estos tiempos de pandemia, y el único instrumento que ha ayudado al país en términos macroeconómicos’ para salir de la crisis agudizada por la pandemia.
En efecto, en agosto de 2020, el gobierno se opuso a un primer retiro de fondos alegando que provocaría una debacle económica al país, pero finalmente desistió de impugnarlo ante la fuerte presión popular y el rotundo apoyo del parlamento incluidos legisladores oficialistas.
Contra los pronósticos catastrofistas, se pusieron en circulación más de 15 mil millones de dólares que ayudaron a las familias a pagar deudas acumuladas e impulsaron el consumo familiar y como resultado dieron un respiro a la maltrecha economía.
En diciembre, un segundo retiro de fondos fue frustrado por el Ejecutivo cuando Piñera lo llevó al Tribunal Constitucional, pero para sorpresa general, presentó una contrapropuesta prácticamente igual al texto rechazado, y con similares resultados.
Ahora vuelve la amenaza de ‘inconstitucionalidad’ en momentos en que muchos alertan sobre la crítica situación, con casi todo el país en cuarentena, más de 16 millones de personas confinadas, muchas de ellas sin medios de subsistencia ni acceso a las pobres y tardías ayudas del gobierno, y la economía sin levantar cabeza.
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