Mayta opinó que al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el extitular de Defensa Carlos Sánchez Berzaín cada vez les es más difícil impugnar la justicia estadounidense, la cual ratificó una sentencia que obliga al exmandatario pagar indemnización con 10 millones de dólares a los familiares de ocho víctimas de aquellos hechos.
En entrevista concedida a Bolivia Tv, el jefe de la diplomacia boliviana, quien fue uno de los abogados impulsores del juicio, explicó que más allá de alguna impugnación que realicen los acusados ante la Corte Suprema, cada vez es más complicado entorpecer o dilatar el proceso.
‘El momento fulminante de que este proceso se dé como caso cerrado está cada vez más cercano’, sostuvo Mayta.
Sobre el caso, la sentencia original fue dictada en 2018 por un jurado de Florida y halló responsables a los exgobernantes bolivianos en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura.
Esta fue anulada por el juez James Cohn quien condujo ese proceso arguyendo supuesta falta de pruebas, lo que devino en un largo ciclo de apelaciones.
Por su parte, Mayta resaltó la búsqueda de justicia y la dignidad con que las víctimas y familiares han sostenido estos procesos judiciales incluso más allá de las fronteras, en un escenario complicado y difícil como es Estados Unidos’.
Precisó que Bolivia presentó al país norteño dos solicitudes de extradición de Sánchez de Lozada; la primera fue rechazada y la segunda aún no fue respondida.
Reafirmó que el expresidente está acusado de genocidio en Bolivia por la masacre de 2003 la cual dejó más de 60 muertos y cientos de heridos.
Sánchez de Lozada renunció a la presidencia en octubre de 2003 tras la muerte de más de 60 personas en la ciudad El Alto y la represión militar de campesinos.
Desde entonces está refugiado en Estados Unidos junto con Sánchez Berzaín y otros excolaboradores.
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