Este lunes, el Diario de Centro América publicó el Decreto 3-2021 y el Acuerdo 11-20221 para la integración de la CC (2021-2026), la cual tendrá como titulares a Gloria Porras, Néster Vásquez, Dina Ochoa, Roberto Molina y Leyla Lemus.
Los togados fueron electos en representación de los tres organismos del Estado, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados, pero la polémica aún marca sus designaciones por procesos de impugnación en curso como es el caso de Vásquez.
Uno de los mayores retos de los integrantes de esta CC será demostrar independencia de los órganos que los nombraron; sin embargo, analistas y sociedad civil piensan que esperarlo es algo ingenuo en medio de constantes denuncias por la politización de la justicia.
A juicio de José Echevarría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, los próximos magistrados ‘no deben guardar ningún tipo de favor a los entes que los nominaron porque se escuchó decir a los diputados que son sus representantes y no solo eso es erróneo, sino que es una visión peligrosa’.
Esa independencia no debe ser únicamente de quienes los nominaron, sino de cualquier grupo de poder político y crimen organizado, puntualizó.
‘Deben estar alejados o separados de prácticas políticas partidistas y actividades que generen aplausos o reconocimiento públicos de ciertos sectores para no poner en riesgo la legitimidad de sus resoluciones y la construcción de su confianza’, agregó.
Un criterio parecido sostiene Oswaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala, pero va más allá al recordar el principio inglés ‘el sistema de justicia no solo debe ser independiente, también debe parecer independiente’.
‘El problema es que esta corte no parece independiente’, apuntó Samayoa al recordar que Lemus, abogada electa por el presidente Alejandro Giammattei y su gabinete, es la mujer de confianza del mandatario y lo demostró al ser la Secretaria General de la Presidencia.
Incluso, su nombramiento volvió a enfrentar al vicepresidente Guillermo Castillo con Giammattei, desacuerdo que trascendió públicamente por los canales del Gobierno.
Samayoa recordó que los magistrados Molina, como titular por la Corte Suprema de Justicia, y Rosales, como suplente por el Congreso, tienen una clara empatía con la exdiputada y aspirante a la presidencia Zury Ríos, hija del exgeneral Efraín Ríos Montt.
‘Deben demostrarnos una actitud de extrema ética y que no consentirán ningún abuso del presidente o del Legislativo’, aseveró.
La CC enfoca su trabajo en tres ámbitos, interpretar la constitución, conocer amparos en el marco de la norma para que los poderes del Estado no cometan ninguna inconstitucionalidad y generar doctrina al sentar precedentes.
Analistas coinciden en que la corte saliente creó jurisprudencia en sus resoluciones a favor de los pueblos indígenas, la explotación de los recursos naturales e intentos de abuso de poder de los poderes del Estado por eso muchas de sus decisiones causaron enfrentamiento con los poderes del Estado y la Corte Suprema de Justicia.
El proceso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala fue el más convulso por la detención de su primer candidato Estuardo Gálvez (caso Comisiones Paralelas). Finalmente en segunda vuelta en las urnas, triunfó Vásquez, aunque al parecer no ocupará aún el puesto por las tachas en su contra, lo cual detiene también a la suplente Claudia Paniagua.
Otra elección reñida tuvo la Universidad de San Carlos, pues luego de 12 rondas de votaciones el Consejo Superior Universitario decidió que la actual presidenta Porras continuará en la CC y sería su tercer mandato.
A solo dos días de la toma de posesión y con el reto supremo de la independencia judicial, todo apunta a que solo se renovarán ocho de las 10 magistraturas (cinco tituales e igual número de suplentes), una decisión del Congreso también muy custionada e incluso considerada ilegal.
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