La propuesta, impulsada por el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas, pasó la fase de socialización, en la que recibió observaciones y aportes de las autoridades, la Junta Monetaria, el Banco Central, Asociación de Organismos del Sector Financiero Popular y Solidario, Red Solidaria de Economía Popular y expertos.
Según defiende el ejecutivo, el objetivo es regular de manera técnica la generación de política pública monetaria del país, a través de la Junta de Regulación de Política Monetaria, la cual será instrumentalizada por el Banco Central del Ecuador (BCE).
En ese sentido, para que la política pública generada sea ejecutada de manera correcta, el BCE, como parte de la Función Ejecutiva, debe contar con la debida autonomía, a fin de ejercer sus competencias legales y constitucionales, sostiene el gobierno.
Igualmente, el texto incluye un equipo para la política y regulación monetaria, así como otro para la normativa financiera, con gobernanza y estructura propias que les permita tomar decisiones de manera técnica e independiente de las presiones de la política fiscal.
Sin embargo, quienes rechazan el proyecto aseguran que la verdadera meta es privatizar el Banco, lo cual sería inconstitucional.
La normativa ya fue rechazada en dos ocasiones por el máximo órgano legislativo, por problemas de formalidades e inconstitucionalidades, respectivamente.
Ahora, varios legisladores mantienen que la norma viola la Constitución, opinión consistente con argumentos ofrecidos por economistas.
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