A través de su cuenta oficial en Twitter, el canciller refirió que ‘abundan las evidencias sobre los millones de dólares’ destinados por las distintas administraciones para esos fines, las cuales hacen una ‘abierta incitación’ a violar la ley y el orden en esta nación.
Calificó tal conducta como inaceptable y tildó de hipócrita la presunta preocupación de Washington por los derechos humanos.
También en esa plataforma, el director general para Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, reconoció en tal desempeño una manera de hacer característica de la política norteamericana.
Pagar ‘a grupos e individuos, instarlos a desafiar la ley, promover su imagen en las redes y la prensa, expresar preocupación por los derechos humanos, y tratar así de estigmatizar al Gobierno que no se le subordine’, escribió.
A su vez, la subdirectora general para esa área en el ministerio, Johana Tablada, señaló cómo la Casa Blanca, si tiene ‘tanto rechazo frente a la más mínima sospecha de la intromisión de otros países en su política interna’, debería ‘eliminar programas y fondos que abiertamente buscan intervenir en los asuntos de otros Estados soberanos’.
Analistas de Cuba desenmascararon las tácticas de personas, estructuras y sitios subversivos que, en las redes sociales, siguen el guion del llamado golpe blando, promueven la ilegalidad y simulan caos en el país.
Según fuentes oficiales, cerca de 250 millones de dólares dedicaron los inquilinos de la Casa Blanca en las últimas dos décadas para los programas contra el país caribeño.
De acuerdo con el sitio Cuba Money Project, del periodista norteamericano Tracey Eaton, solo en 2020 instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dedicaron alrededor de 2,5 millones de dólares a las actividades para cambiar el sistema político de esta nación.
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