El texto, con carácter urgente, irá a la Comisión de Régimen Económico para la elaboración del informe, en un período de cuatro días, que irá a segundo debate en el pleno del Legislativo.
Previo al primer análisis, el parlamento escuchó el criterio de expertos y autoridades de gobierno, a la vez que recibió observaciones de 23 asambleístas.
En la evaluación de esta jornada, el pleno señaló que la Comisión encargada debe revisar el articulado de la normativa, a fin de estructurar los cambios necesarios para evitar inconstitucionalidades, proteger la economía popular y solidaria, fortalecerla y garantizar el tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, a medida en que impulse su desarrollo.
Advirtieron además que es necesario evitar la fuga de divisas al exterior y permitir a la Superintendencia de Bancos ejercer control sobre la Seguridad Social, así como blindar la dolarización y las reservas del Banco Central del Ecuador (BCE).
Sobre el BCE, enfatizaron en que no es atribución de la Asamblea Nacional nombrar a los representantes de las Juntas Monetaria y Financiera.
Entre las preocupaciones mostradas estuvo la posibilidad de que no ingresen al país las divisas provenientes de las operaciones de entidades financieras en el exterior, lo cual facilitaría las operaciones offshore.
También hubo un pedido recurrente de chequear que no exista contraposición de artículos en el proyecto legal.
Por mayoría, la propuesta impulsada por el ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas fue calificada de constitucional e indispensable para fortalecer la dolarización, lo cual contrasta con opiniones de economistas, a cuyo juicio la regulación solo busca privatizar el Banco Central, lo cual consideran fuera de la Constitución.
Incluso, algunos legisladores consideraron que el proyecto es ambicioso y pretende establecer líneas financieras y económicas para el próximo gobierno, pero no protege la dolarización, elimina el coeficiente de liquidez doméstica con lo cual los bancos privados podrán acceder a los recursos y cuestionaron la independencia del BCE y la consecuente fuga de capitales.
Anteriormente el proyecto fue rechazado en dos ocasiones, primero por problemas de forma y luego por inconstitucionalidad.
jha/scm/cvl
