Esa iniciativa permitiría que más de seis millones de personas pudieran por tercera vez disponer del 10 por ciento de sus ahorros depositados en las empresas aseguradoras y fondos de pensiones, para enfrentar con ese dinero las vicisitudes económicas ocasionadas por la pandemia de Covid-19.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, quien dijo que es un deber ‘velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas’.
Con este paso se cumplen las amenazas del Ejecutivo desde que se anunció la presentación del proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados con rotunda mayoría y que debe ser debatido por el Senado a más tardar el jueves, donde se asegura que cuenta también con suficientes votos para aprobarlo.
La víspera, el presidente Sebastián Piñera anunció un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ‘nuevo y reforzado’ para ayudar a los chilenos a enfrentar la crisis con un aporte de 100 mil pesos chilenos (unos 140 dólares) por cada miembro del núcleo familiar.
En la ocasión, analistas consideraron que este anuncio responde a las presiones por la inminente aprobación del tercer retiro del 10 por ciento y ante la ola de críticas que suscitó la entrega de un bono a la clase media, iniciada el sábado, y al cual miles de personas no han podido postular.
Con el anuncio de este martes el Gobierno da la espalda a sus numerosos diputados que votaron a favor del tercer retiro y pidieron públicamente a Piñera desistir de apelar al Tribunal Constitucional.
Algunos incluso advirtieron al gobierno que se arriesga a un nuevo estallido social por el malestar que generará el rechazo a una medida que es apoyada por la gran mayoría de la población.
La decisión generó inmediatas reacciones en el mundo político y desde la oposición varios diputados dijeron apoyar la presentación de una acusación constitucional contra Piñera, anunciada la víspera por el legislador socialista Leonardo Soto.
El parlamentario sostuvo que ‘la indolencia y desconexión con lo que están viviendo los chilenos y el abandono en que los deja cuando más lo necesitan, es una falta (del presidente) a sus deberes constitucionales’.
Incluso en redes sociales surgió de inmediato la convocatoria a un cacerolazo nacional para esta misma noche en repudio a la decisión gubernamental de apelar al Tribunal Constitucional.
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