La abogada Irene Gómez acusó a la defensa de los imputados por el crimen de usar las mismas prácticas dilatorias empleadas para retrasar y suspender el proceso por la matanza de la Universidad Centroamericana, en 1989.
‘Las víctimas del conflicto armado (1980-1992) quieren justicia, verdad y que se eleve el caso a juicio, que haya penas para los culpables’, insistió Gómez en rueda de prensa, a propósito del caso.
El juez Jorge Guzmán, a cargo del juicio, certificó a la Fiscalía General de la República el bloqueo gubernamental a los archivos de la Fuerza Armada, cuyo batallón Atlactl perpetró el refrido crimen de lesa humanidad.
Davi Morales, exombudsman (defensor del Pueblo) de El Salvador y querellante en el caso, aseguró que hay suficientes evidencias forenses, testimoniales y documentales de la matanza de unos mil civiles en El Mozote y cantones aledaños, en 1981.
‘Está identificada la cadena de mando militar y que fue el Batallón Atlacatl que cometió la masacre’, recalcó Morales.
Según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, al menos 75 mil personas murieron y miles más fueron desaparecidas o quedaron lisiadas en la guerra civil que culminó con los Acuerdos de Paz de 1992.
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