La polémica propuesta, evaluada por la Comisión de Régimen Económico del parlamento unicameral, será presentada ante el pleno y requerirá al menos de 70 votos positivos para su aprobación.
El proyecto se encuentra por tercera vez en el órgano legislativo, que lo devolvió anteriormente a sus promotores por problemas de forma e inconstitucionalidades, respectivamente.
El texto original sufrió varias modificaciones en el seno del equipo legislativo que escuchó criterios de expertos y autoridades de Gobierno, además de recibir observaciones de 23 asambleístas.
Pese a que el ejecutivo considera la normativa como positiva para fortalecer la dolarización en este país andino, sus detractores insisten en posibles efectos negativos para la nación, si la regulación es aprobada.
Al segundo debate de esta jornada el documento llega tras un primer análisis y un período de cuatro días concedido a la Comisión para la elaboración del informe, a partir de pedidos de revisar el articulado de la normativa, a fin de estructurar los cambios necesarios para proteger y fortalecer la economía popular y solidaria.
En la evaluación realizada la semana pasada, los asambleístas también se pronunciaron por fuga de divisas al exterior y permitir a la Superintendencia de Bancos ejercer control sobre la Seguridad Social, así como blindar la dolarización y las reservas del BCE.
Las preocupaciones manifestadas entonces comprendieron la posibilidad de que no ingresen al país las divisas provenientes de las operaciones de entidades financieras en el exterior, lo cual facilitaría las operaciones offshore.
También hubo un llamado recurrente a garantizar que no exista contraposición de artículos en el proyecto legal.
El debate de hoy estará marcado por el rechazo de algunos parlamentarios, como Juan Cristóbal Lloret, quien sostuvo en su cuenta en Twitter: ‘No se puede colocar camisas de fuerza en el manejo de la economía, peor una economía dolarizada. La #LeyDefensaDolarizacion debería ser archivada por inconstitucional y atentatoria al desarrollo del país’.
Al respecto el legislador Franklin Samaniego recalcó que la Ley limita las competencias del Banco Central y advirtió de redacción dolosa en algunos artículos, beneficiosos al sistema financiero privado y no a la recuperación de economía nacional.
Varios expertos en temas económicos coinciden con los criterios de quienes están en desacuerdo con la propuesta, que para muchos solo busca cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional con la finalidad de conceder créditos al Estado.
mgt/scm/gdc
