La huelga, que además cuenta con apoyo internacional, forma parte de las protestas y muestras de descontento que se multiplicaron desde que el gobierno presentó la víspera un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impedir que sea aprobado un tercer retiro de fondos de pensiones.
Tras el anuncio del Ejecutivo la agrupación sindical portuaria anunció una paralización progresiva de sus labores, al llamado de la cual este miércoles empleados del importante puerto de Valparaíso suspendieron sus trabajos durante varios turnos.
También se reportaron acciones similares en las terminales de San Antonio, la principal del país, así como en las de Coquimbo, Ventanas, Arica y Mejillones, entre otras.
A la convocatoria se sumó también la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile, que criticó en un comunicado la decisión del Ejecutivo, la cual obedeció ‘a un nulo conocimiento de la realidad actual que están viviendo muchos trabajadores de Chile’.
La huelga fue respaldada por el Consejo Internacional de Trabajadores Portuarios (IDC por sus siglas en ingles), que advirtió sobre la posibilidad de aplicar un ‘bloqueo mundial de cargas provenientes de Chile’.
En una declaración divulgada aquí el IDC expresa que ‘la medida de acudir a los fondos de jubilación es desesperada y refleja en todo su esplendor el salvaje capitalismo que gobierna nuestras sociedades a escala global’.
Explica que ‘en el caso chileno, los fondos se retiran de un sistema de ahorro forzoso, de capitalización individual y neoliberal, usado a discreción por grupos empresariales para invertir y acrecentar sus riquezas, el cual no garantiza jubilaciones dignas a los trabajadores’.
Asimismo, se solidariza ‘con los cientos de presos políticos de la revuelta de 2019, con los luchadores del pueblo mapuche y con los sindicalistas perseguidos solo por luchar por una sociedad más justa, libre e igualitaria’.
Este miércoles, también en rechazo a la política del Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores llamó a una huelga general el 30 de abril para exigir a La Moneda que dé marcha atrás a su decisión de impugnar mediante el TC el proyecto legislativo.
En tanto, bancadas opositoras de centro e izquierda buscan aunar fuerzas para presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por lo que consideran una actitud negligente en la búsqueda de soluciones a la crisis sanitaria, económica y social del país.
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