La propuesta legal, enviada por el ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente, fue aprobada por mayoría en la tercera ocasión que el texto llegó al legislativo, tras ser devuelto dos veces por problemas de forma e inconstitucionalidades.
El proyecto pasó el segundo debate con 86 votos a favor, 41 en contra, uno en blanco y siete abstenciones, pese a la oposición al texto manifestada por varios parlamentarios, a cuyo juicio, solo tiene como objetivo privatizar el Banco Central del Ecuador (BCE).
Quienes rechazan la regulación también toman en cuenta que es parte de los compromisos asumidos por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional para acceder a créditos de esa instancia multilateral.
De su lado, el ejecutivo defiende que las reformas incluidas en el documento robustecen el sistema económico, la sostenibilidad financiera y la capacidad adquisitiva de las familias ecuatorianas.
El informe final de la propuesta de Ley para la Defensa de la Dolarización pasó a manos del presidente de la República, Lenín Moreno, quien deberá sancionarla u objetarla.
Mientras, la situación sanitaria también fue centro de atención de la ciudadanía en los últimos días, cuando los registros de casos positivos y muertes por Covid-19 aumentaron considerablemente, con jornadas de dos mil y hasta cinco mil contagios confirmados.
El sábado pasado, el acumulado de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad, era de 358 mil 157 y la víspera la cifra llegó a 365 mil 393, lo cual implica siete mil 236 nuevos contagios en una semana.
Debido al incremento de pacientes, hospitales de numerosas ciudades están sobresaturados y con lista de espera de enfermos para acceder a una cama.
En medio de esa situación, desde ayer rige en 16 de las 24 provincias del país estado de excepción y toque de queda hasta el venidero 20 de mayo, al tiempo que continúa el proceso de vacunación contra la Covid-19.
Mientras, en la población hay criterios divididos, entre quienes respaldan las medidas restrictivas y sectores en cuyo criterio el estado de excepción afecta los ingresos de las familias, ya debilitados por la crisis económica y sanitaria agudizadas en el último año.
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