Las cuatro grandes economías del bloque de 27 miembros pidieron este miércoles la rápida aprobación y puesta en marcha de los fondos europeos, para que los 750 mil millones de euros aprobados en julio del año pasado lleguen cuanto antes a las capitales.
Esta solicitud se materializó en una breve declaración conjunta por videoconferencia de los ministros de Economía y Finanzas de las naciones mencionadas.
Berlín, París, Roma y Madrid enviarán ya a Bruselas sus respectivos planes nacionales de recuperación y animaron a sus pares a remitir los suyos cuanto antes, y a la Comisión Europea -ejecutivo comunitario- a dar pronto su visto bueno para que los fondos empiecen a llegar.
El plan orientativo para remitir los planes -en los que cada país concreta las inversiones y reformas que pretende llevar a cabo con los fondos europeos- termina el 30 de abril.
A partir de ahí, la Comisión tendrá que revisarlos y dar su aval antes de que comiencen a llegar los recursos.
‘El plan de recuperación europeo nos permitirá construir una Europa más fuerte’, aseguró en su comparecencia la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Economía, Nadia Calviño.
En el evento participaron también el vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, y los titulares de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y de Italia, Daniele Franco.
Calviño destacó la ambición del plan español, el cual, además de inversiones, incluye reformas de calado para las nuevas generaciones, de modo que España pueda ser ‘uno de los motores de la recuperación europea’, enfatizó.
Subrayó los cuatro pilares del mismo: transición verde, transformación digital, cohesión social e igualdad de género.
Como adelantó hace dos semanas el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el plan que movilizará 70 mil millones de euros en inversiones públicas entre 2021 y 2023, incluye 110 proyectos de inversión y 102 propuestas de reforma.
De ellos, el 39 por ciento estarán destinados a la transición ecológica, el 28 por ciento a la digitalización, el 10 por ciento a la educación y el 7,0 por ciento a la investigación, el desarrollo y la innovación.
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