La cancillería cubana en varios momentos ha denunciado los peligros de esa actitud, pues alienta la ejecución de acciones similares por parte de individuos y grupos violentos que existen en territorio norteamericano.
El 30 de abril del 2020 en horas de la madrugada, el ciudadano de origen cubano Alexander Alazo disparó 32 proyectiles de un fusil semiautomático contra la sede diplomática, poniendo en peligro las vidas de 10 funcionarios que se encontraban en el edificio.
Afortunadamente en el incidente no resultó herida ninguna persona y solo ocasionó daños materiales al inmueble, sin embargo, la Casa Blanca optó por el silencio en lugar de rechazar el hecho, catalogado de grave por el país antillano.
El propio ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, significó el pasado año que esa actitud de la administración estadounidense los convertía en cómplices del suceso.
Asimismo, señaló que ese acto terrorista fue resultado directo de la política y del discurso agresivo y de odio del Gobierno de Estados Unidos contra la isla, así como de la permanente instigación a la violencia que realizaban políticos estadounidenses, incluidos altos funcionarios del Departamento de Estado.
La cancillería cubana insistió además en que el silencio en este caso podía convertirse en un incentivo para quienes identifican las sedes diplomáticas como objetivos de ataques violentos.
Un año después, la nación norteña continúa sin condenar aquellos sucesos, mientras grupos e individuos con un historial de atentados terroristas contra Cuba continúan operando con impunidad en ese país.
De igual forma, agencias estadounidenses mantienen financiamientos millonarios para fomentar la subversión en la isla mayor de las Antillas, según puede verificarse en las nóminas de esas entidades y denuncian medios de comunicación locales.
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