‘La presente decisión tendrá efectos desde su publicación en el Registro Oficial. La falta de regulación no podrá ser pretexto para incumplir esta sentencia ni para sancionar a mujeres o médicos que interrumpan voluntariamente un embarazo producto de una violación sexual’, indicó la sentencia de la Corte Constitucional.
El fallo fue anunciado el pasado 28 de abril y al siguiente día salió publicado el texto de 101 páginas, en el cual la instancia declara la inconstitucionalidad del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal en la frase ‘en una mujer que padezca de discapacidad mental.
Asimismo, dispuso a la Defensoría del Pueblo preparar un proyecto legal para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sobre la base de los criterios establecidos en esta decisión y a la Asamblea Nacional, en un máximo de seis meses, conocer y discutir la propuesta.
El dictamen fue considerado un paso histórico en la lucha de activistas y defensores de los derechos humanos y por la equidad de género, quienes por años pidieron dejar sin efecto la norma que penalizaba con cárcel a las féminas sometidas a abortos y a los especialistas a cargo del procedimiento.
Por otra parte, tras varios días de audiencias preparatorias, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, determinó dictar llamamiento a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado en el caso conocido en el país como Pruebas PCR.
La causa involucra a otras 13 personas, entre quienes están exfuncionarios y directivos del Distrito Metropolitano, investigados por la supuesta compra irregular de 100 mil pruebas de tipo PCR para detectar la Covid-19, efectuada el año pasado por el monto de 4,2 millones de dólares.
El fallo lo emitió el presidente del ente, Vladimir Jhayya, luego de evaluar más de 80 elementos de convicción presentados por la Fiscalía en su calidad de acusadora.
La actual secretaria de Salud, Ximena Abarca, su antecesor Lenín Mantilla y Linda Guamán, asesora de esa dependencia, son algunos de los procesados.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal el delito de peculado, que incluye la apropiación, disposición o abuso de fondos públicos, por parte de funcionarios, en beneficio propio o de terceros, puede terminar en sanciones de entre 10 y 13 años de cárcel.
Otro tema de relevancia en esta nación andina en los últimos días es la situación epidemiológica nacional, centrada en el avance de la Covid-19, pese a las medidas dispuestas para frenar su contagio y el estado de excepción vigente, con toque de queda los fines de semana en 16 de las 24 provincias.
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