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Venezuela solicita evaluación imparcial sobre derechos humanos

Caracas, 1 may (Prensa Latina) El Ministerio Público de Venezuela solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una evaluación imparcial de la gestión del Gobierno bolivariano en defensa de los derechos humanos, indica un comunicado publicado hoy.

El texto presentado por el fiscal general Tarek William Saab, expone que la víspera se envió a esa instancia un informe explícito sobre la gestión del Estado venezolano al respecto, tras lo cual instan al ente judicial a emitir sus consideraciones sobre los compromisos concretos asumidos por Venezuela en ese aspecto.

De igual forma deja constancia de la falta de transparencia del proceso por la Fiscalía de la CPI en la tramitación del Examen Preliminar para evaluar a esta nación suramericana.

Explica además que pese a que algunas instancias han querido invisibilizar o menospreciar el esfuerzo del gobierno venezolano por garantizar la defensa de los derechos humanos, en los últimos tres años y ocho meses imputaron a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones de esos derechos.

Tras exponer estadísticas que demuestran la voluntad y el empeño del Ministerio Público y sus instancia para cumplir lo legislado, Saab recordó en su intervención que como parte de los compromisos voluntarios adquiridos inició un proceso de reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana.

Este, dijo, tendrá una duración de 6 meses y destacó que en esta propuesta participó el Ministerio Público, junto al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como la Defensoría del Pueblo.

Recalcó que la Corte Penal Internacional tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto de Roma, por lo cual esa instancia interviene cuando los posibles casos que puedan entrar dentro de su competencia, no han sido investigados por el sistema de justicia de un Estado miembro.

Enfatizó que en el tiempo que ha estado frente a esa cartera, ha quedado claro el compromiso por investigar cada violación a los derechos humanos que puedan haber cometido funcionarios de seguridad del Estado, sin embargo -alertó-, la CPI hace mutis ante ello, cosa que no ocurre con otros países.

‘Esperamos que después de esta última entrega tengamos dichas consideraciones’, concluyó el fiscal general Tarek William Saab.

rc/ycv

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