La determinación tiene como base el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por el parlamentario Elio Peña, que recomienda a la Legislatura continuar con la interpelación.
De acuerdo con la resolución, la sesión se llevará a cabo una vez recibidas todas las pruebas de cargo y descargo presentadas dentro del proceso de sustanciación del pedido y luego de la comprobación clara de los argumentos expuestos.
Los proponentes del juicio político fueron los legisladores Pabel Muñoz y Ángel Sinmaleza, quienes responsabilizaron al exfuncionario, entre otros aspectos, por la mala conducción de la crisis sanitaria en medio del combate a la Covid-19.
En su criterio, los problemas de manejo de esa situación derivaron en la muerte de más 45 mil ciudadanos en el contexto de la pandemia, cifra que representa un 64.9 por ciento de decesos en exceso, muy por encima del promedio de los demás países de América Latina.
Zevallos también es cuestionado por inadecuada administración del plan de vacunación contra la enfermedad, iniciada en enero pasado y en cuyo proceso hubo denuncias por irregularidades, exclusión de personas de los sectores priorizados e inclusión de otras en fases que no les correspondían.
Pesa en su contra además incumplimiento de funciones en el ejercicio de la cartera de Salud Pública, por acciones y omisiones relacionadas con la entrega fraudulenta de más de tres mil carnés de discapacidad, en plena emergencia sanitaria.
Igualmente, es señalado por no acatar lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada de la Covid-19, por el cual se debían otorgar los nombramientos a profesionales y trabajadores de la salud con labores en primera línea, hasta diciembre de 2020, mandato no cumplido en su totalidad.
El miércoles, los asambleístas que solicitaron el enjuiciamiento político llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo y a continuación, Zevallos tendrá tres horas para su defensa.
Cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora, posteriormente habrá un debate en el pleno y luego habrá un tiempo para presentar moción de censura y destitución, o en su defecto, archivar la solicitud.
A fin de garantizar el derecho a la defensa, el CAL autorizará la participación del funcionario interpelado por medios telemáticos, siempre que justifique la imposibilidad de asistir de manera presencial.
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