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Acusan a púgil boricua por atroz crimen junto a cómplice

San Juan, 6 may (Prensa Latina) El boxeador olímpico puertorriqueño Félix Verdejo fue acusado formalmente hoy, junto a un cómplice, por los hechos que desembocaron en la muerte de una joven embarazada de 27 años.

Un gran jurado federal sometió cuatro cargos criminales contra el púgil con relación al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, con la cual mantuvo una relación de 11 años y quien se encontraba embarazada de varias semanas.

Las autoridades estadounidenses en Puerto Rico, finalmente identificaron a Luis Antonio Cádiz Martínez como cómplice de Verdejo, luego de una ‘planificación sustancial y con premeditación’ para causar la muerte de la mujer y de un bebé no nacido.

Además, lo imputaron por robo a mano armada de un vehículo que resultó en la muerte de una persona, secuestro con la muerte de una persona, asesinato de un niño que no había nacido y un cargo por uso y portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Estos cargos se desprendieron de la denuncia que presentó el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que permitieron el arresto de Verdejo el domingo.

Verdejo contactó a Cádiz Martínez para solicitarle ayuda para terminar con el embarazo de la víctima.

El pliego acusatorio registra que Verdejo ofreció una compensación económica a Cádiz Martínez por su participación en el crimen.

El director del FBI en Puerto Rico, Rafael Riviere-Vázquez, indicó que el caso fue finalmente esclarecido mediante la cooperación de las autoridades federales con la Policía y el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

De ser hallado culpables ambos se exponen a cadena perpetua, aparte de que la fiscalía federal se propone dejar abierta la posibilidad de aplicar la pena de muerte a Verdejo, lo que es rechazado por los puertorriqueños, ya que en esta nación del Caribe está abolida.

Keishla está en capilla ardiente este jueves en una funeraria del sector capitalino de Río Piedras, donde cientos de personas han pasado a brindar su solidaridad a su familia.

Esta muerte, al igual que la de Andrea Acosta Ruiz, de 35 años, han destapado una indignación colectiva que ha colocado contra la pared a las autoridades policiales y judiciales debido a una aparente indolencia ante denuncia de abusos machistas.

jha/nrm

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