En el informe se acreditó el empleo de programas informáticos (bots) que lanzan mensajes falsos, con el objetivo de crear falsas tendencias adversas al Estado venezolano y personalidades señaladas como presuntos responsables de hechos denunciados ante la CPI.
‘Los compromisos en derechos humanos los dicta el sistema de justicia y no bots mercenariamente pagados’, indicó Saab, quien advirtió sobre las intenciones de ‘influir indecorosamente en la Fiscalía’ del órgano judicial.
‘Con ello se persigue la creación de una apariencia sobre la que construir, al menos mediáticamente, una realidad manipulada o deformada que (…) genere incidencia (…) en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional’, subrayó Saab en un comunicado.
Agregó que en el informe se realiza un pormenorizado análisis de más de 70 millones de mensajes en Twitter, con una clara intención de construir la apariencia de unos supuestos delitos de lesa humanidad en el país sudamericano.
El 30 de abril último, el Ministerio Público de Venezuela envió un tercer informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre las actuaciones del Estado venezolano en defensa de los derechos humanos.
En rueda de prensa, Saab señaló la falta de correspondencia en el tratamiento formal e institucional de cooperación que transmitió una representación oficial del país el 4 de noviembre último en una reunión sostenida con el organismo judicial.
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