Las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado se aprobó el 24 de abril y generó de inmediato no solo el rechazo de las bancadas opositoras, sino también de instituciones y organizaciones sociales, al punto de pedir su veto al presidente Alejandro Giammattei.
Con el respaldo y la promoción desde el Ejecutivo, la víspera transitó sin problemas otro tema bajo la manga de esta octava legislatura, las reformas a la Ley de Zonas Francas, cuyo propósito se enmarca en la estrategia gubernamental de recuperación económica para superar el impacto de la Covid-19.
La llamada iniciativa 51-74, según el orden del día, reunió 84 votos a favor en su tercera lectura y redacción final, otra victoria aplastante del oficialismo que no impidió a las bancadas opositoras alzar su voz.
Según Ligia Hernández, del Movimiento Semilla, se genera desarrollo y se atrae inversión solo con más y mejor educación, salud y trabajo digno para las mayorías, no con privilegios para las élites depredadoras, aseguró.
Por su parte, la jefa de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez, manifestó que las reformas no generarán beneficio social y sí costo fiscal y ampliación de privilegios para las empresas.
En contraste, el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Duay Martínez, mencionó entre las supuestas ventajas de las zonas francas (hoy 10 en todo el país), la posibilidad de generar empleos e inversión.
El respaldo también llegó por parte de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, la cual emitió un comunicado a favor de un rápido trámite de la normativa para evitar que el país siga perdiendo oportunidades.
Ahora, ambos textos están a disposición de Giammattei para su ratificación o veto, algo casi imposible a pesar de que las Cámaras de Comercio y del Agro se sumaron ayer a quienes piden dejar sin efecto en principio al decreto 4-2021.
En un comunicado, la institución aseguró que la bendición a las reformas a la Ley de Contrataciones por parte de los congresistas constituye ‘un retroceso en materia de transparencia’.
A su vez, citó como fundamentos la eliminación de controles en los procesos de compras directas, ahora por valor de 200 mil quetzales (26 mil 315 dólares), lo cual genera incentivos para la discrecionalidad y la corrupción.
Igual postura manifestó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, al considerar que los cambios desincentivan la aplicación de las metodologías competitivas y visibles del sistema Guatecompras.
De acuerdo con expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, esta última reforma agrava la situación de la Ley, ya que aumentaría los montos aplicables a las modalidades de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación, y su dictamen no incluyó opiniones de los entes rectores en la materia.
Los discursos de los legisladores confirmaron que en realidad respondió al cabildeo de la Asociación Nacional de Municipalidades y al cumplimiento de una promesa que Giammattei les hizo a los alcaldes durante su campaña electoral, recordaron.
Ahora a la polémica se añade la Ley de Zonas Francas, refrendada la víspera, con la cual el Congreso cierra el capítulo económico, pero deja en deuda otro tan sensible como es la renovación de las Cortes Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, pendiente desde octubre de 2019.
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