Los magistrados Byron Guillén, Luis Rivera y Mercedes Caicedo rechazaron la apelación a la medida, solicitada por los equipos legales de Celi, el exsecretario de la Presidencia de la República José Agusto Briones y otras dos personas.
El proceso, abierto el mes pasado, indaga supuestos actos de corrupción cometidos por los implicados en la empresa pública Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la secretaría general del gabinete de la presidencia.
Ante el dictamen de esta jornada, los involucrados deberán permanecer en la Cárcel 4 de Quito, donde permanecen recluidos desde el pasado 14 de abril.
En reacción al fallo, la defensa de Celi rechazó la decisión del Tribunal y sostiene que la prisión preventiva es desproporcionada, además de existir violación al principio de inocencia.
Sin embargo, la Fiscalía considera que si los imputados son liberados ‘existe un peligro procesal para impedir el desarrollo de una eficiente investigación’.
Por otra parte, el tribunal aceptó los recursos interpuestos por los empresarios Giomara López, Andrés Luque y Ángelo Rodríguez, para quienes dispuso su inmediata liberación y aplicó medidas cautelares como: prohibición de salida del país, presentación diaria ante la Corte y uso de grillete electrónico.
Según las indagaciones previas, los implicados en la trama exigían sobornos a contratistas de Petroecuador, a cambio de dar paso a pagos atrasados y desvanecer glosas en la Contraloría.
Actualmente, el proceso está en fase de instrucción fiscal, prevista para durar 90 días, pero la vinculación de otras cinco personas, el lunes próximo extenderá la etapa a 120 jornadas.
Durante ese lapso, la Fiscalía y los abogados de los indagados podrán reunir pruebas para demostrar la culpabilidad o inocencia de los imputados.
El proceso guarda relación con una pesquisa abierta en 2019, que comenzó con la indagación penal contra el sobrino del contralor y exfuncionario de Petroecuador, Raúl de la Torre, encausado en Estados Unidos por el delito de lavado de activos, tras ser acusado de recibir sobornos de una empresa para mantener contratos estatales.
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