La decisión del ‘grupo de sabios’, como se conoce esta institución en el país, se produjo días después de que un grupo de más de 60 parlamentarios interpusieran un recurso contra ciertos aspectos de la ley, al considerarlos inconstitucionales.
En concreto, el Consejo comenzó recordando que el artículo 2 de la constitución estipula que ‘la lengua de la República es el francés’, lo que no impide que el Estado y las autoridades locales contribuyan a la protección y promoción de las lenguas regionales.
En ese sentido, consideró válido que los municipios respalden económicamente a las escuelas que ofrezcan la opción de estos idiomas como parte del currículo de la educación pública, pero rechazó cualquier ‘enseñanza inmersiva de una lengua regional’ que suponga el uso de esta ‘como lengua principal de enseñanza y como lengua de comunicación dentro del centro escolar’.
Igualmente dictaminó que la nueva ley no podrá favorecer de ningún modo ‘el uso de una lengua distinta del francés en el ejercicio de una misión de servicio público’, ni permitir a los ciudadanos ‘hacer uso, en sus relaciones con las autoridades y servicios públicos, de un derecho a utilizar una lengua distinta del francés, ni de obligarles a ello’.
Por último, estableció que en relación a los registros en documentos del estado civil no podrán utilizarse ‘signos diacríticos distintos de los utilizados para escribir en francés’.
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