El pasado martes, los casos positivos fueron mil 256, el miércoles mil 49 y el jueves mil 414, pero también llamó la atención la alta cifra de fallecidos, entre 15 y 20 diarios.
Desde el 25 de febrero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) arrancó con la campaña de vacunación antiCovid-19, pero a estas alturas su ritmo es lento y dependiente de las dosis existentes, de ahí que pese a los llamados de diferentes sectores por hacerla masiva, es imposible, según reconoció la titular del ramo, Amelia Flores.
Las críticas no solo apuntan al ritmo de la inmunización sino también a la inexistencia de campañas con pertinencia cultural en las áreas rurales, donde los mayores de 70 años (fase abierta el 4 de mayo) declinan vacunarse o no conocen del programa.
Ante la posible caducidad del producto, esta semana el Mspas abrió la inscripción paralela de las personas hasta 60 años y el próximo lunes comenzarán con mayores de 18 años con enfermedades de riesgo.
El panorama noticioso abarcó, además, la captura del exjefe de la la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solórzano, quien finalmente fue enviado a prisión provisional por el caso Política y Falsedad.
Solórzano aseguró desde Tribunales que su detención es un caso de persecución política y denunció el método empleado para su arresto mediante un vehículo sin placa y en plena vía pública.
La Fiscalía de Sección contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) pidió la captura de Solórzano y otras 15 personas por supuestos delitos electorales, asociación ilícita, conspiración y falsedad ideológica, hechos relacionados con la constitución de un partido político.
Ante el caso, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pidió a las autoridades del Sistema Penitenciario preservar la vida del exsuperintendente por su apoyo en la presentación de expedientes de corrupción de alto impacto.
Además, por denuncias de extorsión desde la cárcel de Matamoros, donde se encuentra recluido, hasta la celebración de la audiencia de primera declaración, la semana próxima.
El jueves último, el único sobreviviente de la masacre de 116 niños en la aldea Chiul, en Quiché, resultó detenido justo un día antes de la celebración de una ceremonia de dignificación de la memoria de sus compañeros, a 33 años de los hechos.
Como cierre, la víspera la Procuraduría de Derechos Humanos exigió al Ministerio Público una pronta investigación ante campañas de desprestigio contra funcionarios públicos desde el Congreso, en particular de la directora de comunicación Social de ese organismo, Joselyn Mérida, y el subdirector, José López.
Ataques similares ocurren en los últimos meses contra periodistas, defensores de derechos humanos, jueces, fiscales y líderes civiles críticos del sistema de corrupción y del gobierno.
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