La decisión la tomó este jueves el Consejo de Ministros, el mismo día que la Asamblea de la República (parlamento) pidió al Ejecutivo que presente en forma de ley la pretendida reforma del SEF que pasará a llamarse Servicio de Extranjeros y Asilo.
El Gobierno echó mano a la llamada requisición civil, un instrumento legal extremo que obliga a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para asegurar el funcionamiento de las actividades esenciales.
El primer ministro Antonio Costa defendió la actitud gubernamental al considerar que el país no puede quedar desprotegido, especialmente en tiempos de la Covid-19.
A los controles habituales, los inspectores verifican que los viajeros cumplan con las medidas de enfrentamiento a la enfermedad, ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Sería impensable que en estas circunstancias el país quede desarmado en las fronteras, añadió Costa.
El Sindicato de los Inspectores de Investigación, Fiscalización y Fronteras del SEF marcó varios paros, el primero la próxima semana, contra la intención gubernamental de eliminar la dependencia.
Antes, el ministro de Administración Interna, Eduardo Cabrita, dijo que la huelga era un serio atentado a la seguridad nacional.
La reforma del servicio de migración se conoció aquí luego que un viajero ucraniano murió a manos de inspectores de migración. De inmediato, diversas voces exigieron la renuncia de Cabrita, protegido por el gobierno.
Según la disposición sobre la reestructuración del Servicio migratorio, este apenas quedará con tareas técnicas y administrativas, mientras que las funciones policiales se repartirán entre la Guardia Nacional Republicana, la Policía de Seguridad Pública y la Policía Judicial.
Otras obligaciones pasarán al Instituto de Registros y Notariado.
El ministro de Administración Interna dijo en el parlamento que la ley orgánica que transformará el servicio migratorio será aprobada antes de finales de junio.
ga/ro
