El proceso investigativo parte de una denuncia realizada por el Ministerio de Gobernación (Migob) contra la citada fundación por lavado de dinero en perjuicio de la sociedad nicaragüense.
Luego de analizar la documentación presentada por el Migob, la Fiscalía aseguró que encontró ‘serias inconsistencias financieras entre los reportes presentados a esa institución y los montos recibidos por la fundación’.
A través de una nota de prensa la Fiscalía detalló la víspera el nombre de las personas que fueron citadas a declarar entre jueves y viernes, ocho en total, dos de los cuales no se presentaron y otras negaron su testimonio.
El Ministerio Público continuará realizando diligencias investigativas para esclarecer los hechos, hemos llamado y seguiremos llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, adelantó mediante un comunicado.
Agregó que en todo momento esa representación estatal ha respetado los derechos constitucionales de las personas convocadas a declarar.
El 5 de febrero Cristiana Chamarro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), en su condición de representante cerró las operaciones de la fundación que lleva el nombre de su madre como forma de no acatar los preceptos de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional (parlamento) el 15 de octubre del pasado año.
Esa legislación estableció ‘un marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales y jurídicas, sean nacionales o extranjeras, que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones, personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua’.
Aunque no cuenta con la plataforma de un partido político, Chamorro lanzó su candidatura a la presidencia de la República de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre venidero.
El viernes el Gobierno lamentó el fallecimiento, a los 76 años de edad, del magistrado Francisco Rosales, de una larga en las filas del Frente Sandinista trayectoria en la lucha revolucionaria y quien ocupaba la presidencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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