Entre los procesados hasta ahora figura Mireya Murillo, hermana del exfuncionario, prófugo de la justicia, imputado y detenido en Estados Unidos, añadió el periódico Los Tiempos.
La parienta de Murillo, también comprometida en el uso de armas antimotines contra manifestantes por el golpe de Estado de 2019, fue acusada por legitimación de ganancias ilícitas en la compra irregular de esos medios.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, detalló en conferencia de prensa las pruebas para aprender a Mireya Murillo y a varios de sus cómplices durante 10 allanamientos tras la detención de su hermano en Estados Unidos.
Los registros en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz detectaron documentos sobre el pago de sobornos por varios exmilitares arrestados durante esas investigaciones, que incluyeron sus cuentas bancarias.
La Policía encontró en la habitación del excuñado y cómplice de Murillo Daniel Aliss recibos de depósitos, memorias USB’s, computadoras, tarjetas de débito y de crédito que los inculpan.
También detectaron en viviendas de los inculpados documentos de bienes inmuebles, fotocopias de procesos de contratación de gases lacrimógenos, ropa militar y armas de fuego, según del Castillo.
‘En el domicilio de Arturo Murillo aparecieron armas de fuego, municiones y una pipa para fumar marihuana con restos de esa sustancia ilícita’, precisó el titular.
La Policía localizó además datos acusatorios en las casas del exjefe de gabinete de Murillo, Rodrigo Méndez; Sergio Zamora, exdirector del Ministerio de Gobierno; y en una oficina de abogados propiedad de Méndez.
Otras pruebas aparecieron en los domicilios de Raúl López, exdirector Jurídico del Ministerio de Defensa; y de Alan Menacho y Pedro Rea, exasesor y exdirector de Logística de esa cartera, respectivamente.
Entre los enjuiciados en Bolivia figuran Daniel Bellot, exjefe de seguridad de Murillo; y su excuñado Daniel Aliss.
Por otro lado, en Estados Unidos permanecen detenidos, junto a Murillo, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld.
La justicia estadounidense imputó y detuvo el miércoles al extitular de gobierno, por cargos de lavado de dinero y soborno durante una operación entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Murillo aspiraba a beneficios millonarios de un contrato por la compra para el Ministerio de Defensa de armas no letales a la empresa brasileña Cóndor, mediante la intermediaria Bravo Tactical Solution.
Fuerzas del gobierno de facto emplearon esos recursos antimotines contra manifestantes descontentos contra el golpe de Estado de noviembre de 2019 que expulsó del poder al entonces presidente constitucional Evo Morales
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