La Constitución establece que las determinaciones adoptadas en el Consejo de Ministros son de responsabilidad solidaria y la exmandataria y sus exministros deben explicar ante el Ministerio Público las razones y circunstancias de la aprobación de tres decretos, divulgó el titular en Twitter.
La detención de Arturo Murillo, exministro de Gobierno, en Estados Unidos, junto a su exjefe de gabinete y tres empresarios de una intermediaria que se hizo con la adjudicación de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma en la gestión transitorio de Áñez, llevó a retomar el proceso legal abierto en suelo boliviano.
A lo largo de esta semana empezarán a salir las notificaciones, aseguró Lima a través de Bolivia Tv y expresó que espera no se escondan, con la misma valentía de sus declaraciones en las redes sociales vayan a la Fiscalía a decir su verdad y aclarar al pueblo su participación en estos graves hechos, remarcó.
La exmandataria y 17 extitulares tendrán las garantías constitucionales, aseguró, mientras descartó la detención preventiva en la medida en que se presenten, declaren y digan la verdad.
Áñez tomó la determinación de firmar tres decretos supremos a pesar de que la adquisición de estos gases lacrimógenos era ilegal, apuntó la autoridad.
‘En 2019 se produjeron masacres (en Senkata y Sacaba) y murió mucha gente en el país, necesitamos respuestas claras para identificar a los responsables’, subrayó.
Pidió a Fernando López (entonces al frente de la cartera de Defensa y considerado clave en el proceso) presentarse como testigo en una oficina consular boliviana en la nación donde se encuentre.
El Departamento de Justicia estadounidense reveló recientemente en un comunicado oficial la captura de Murillo el pasado 21 de mayo en una operación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y, trascendió luego, el 7 de junio será su audiencia cautelar en Miami.
En los últimos días, la Policía boliviana aprehendió al menos siete personas en el marco de la investigación abierta a Murillo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
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