Inicialmente la organización señaló que Yunda incumplió ordenanzas y disposiciones para garantizar la participación ciudadana, pero mientras debía exponer los argumentos, el vocero del ente Marcelo Hallo desestimó la demanda.
‘Tengo la responsabilidad de proteger el proceso y respetar la voluntad de la ciudadanía. Este es un mecanismo que establece la Constitución para que los ciudadanos el mandante, el soberano pueda relevar del cargo a una autoridad de elección popular, no para que se politice eso y sobre la base de intereses generalizados’, dijo Hallo en declaraciones a la prensa.
Por su parte, Yunda aseguró que el tema es puramente político y seguirá su defensa en derecho e igualmente las pruebas de descargo correspondientes.
Asimismo, mostró confianza en los sectores del pueblo que lo respaldan y, a su juicio, no permitirán su separación del puesto.
Con la mitad del camino vencido, al alcalde capitalino le queda otro pedido en su contra, interpuesto por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, quienes también lo acusan de mala administración.
Mientras, parte de los residentes en la municipalidad piden la salida del alcalde y otros lo apoyan al considerar que sí ejecutó proyectos por la ciudad.
En las redes sociales también están divididas las opiniones, e incluso algunos estiman que otras autoridades locales cometieron errores mayores en la conducción de sus urbes, sin haber pasado por procesos para su remoción.
Por su parte, el abogado Marcelo Icaza, defensor del acusado, adelantó que el proceso es insostenible, tiene tinte político y las causales no pueden justificar las pretensiones de destituirlo.
Además del análisis en el Concejo Metropolitano, Yunda enfrenta una investigación penal en relación con la compra irregular de pruebas para detectar la Covid-19 en Quito.
La indagación involucra a algunos exfuncionarios del Distrito Metropolitano e incluso al hijo del alcalde y otros familiares.
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