El futuro del burgomaestre podría quedar definido esta jornada en el seno del Concejo Metropolitano, cuyos integrantes evaluarán acusaciones por incumplimiento de leyes y resoluciones emitidas por el ente, mal manejo de fondos e infringir disposiciones que garantizan la participación ciudadana.
Con esas causales de posible separación del cargo, la suerte de Yunda depende del voto de los 21 concejales requerido para aprobar su continuidad o fin de labores, iniciadas tras ser electo en los sufragios seccionales de 2019, lo que se lograría con el aval de 14 miembros.
Según precisó el exalcalde Paco Moncayo, quien ha cuestionado la administración actual, esta es la primera vez que una autoridad de ese rango enfrenta solicitudes de remoción.
De su lado, Roque Sevilla, quien también ocupó ese puesto, criticó las condiciones en las cuales se encuentra la ciudad y consideró el trabajo administrativo como vergonzoso.
En contra de Yunda están varios colectivos ciudadanos y de las tres denuncias presentadas fueron aceptadas las de Quito Unido y el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.
En el primer caso, la organización alega incumplimiento de leyes y ordenanzas, al no ratificar las decisiones adoptadas en la Resolución 060 respecto a la emergencia sanitaria, que estableció las coordinaciones y acciones relacionadas con la atención y combate a la COvid-19, así como los procedimientos de control, entre otras disposiciones.
Por otra parte, el segundo colectivo argumentó que el Burgomaestre incumplió una resolución del Concejo Metropolitano, lo cual impidió al órgano legislativo conocer asuntos relacionados con su atribución de fiscalización, así como la relacionada con la convocatoria a sesiones del directorio de la Empresa Metro de Quito.
A esos dos pedidos puntuales se unen informes elaborados por la Comisión de Mesa en los cuales se establece que sí incurrió en causales de remoción.
La imagen del alcalde de Quito comenzó a debilitarse durante los 11 días de protestas populares registrados en 2019, cuando muchos consideraron que no hizo nada por defender los bienes y ciudadanía.
Después de repuntar por sus decisiones en el marco del enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19, su aprobación volvió a bajar en medio de un escándalo por la supuesta compra irregular de test para diagnosticar la enfermedad en la que incluso estaría involucrado su hijo y otros familiares.
AL respecto, Sevilla señaló: ‘el haber escuchado todos los diálogos del hijo dando órdenes dentro del municipio y haciendo negocios con el consentimiento tácito del alcalde es una cosa intolerable’.
El caso llevó a un proceso legal que involucra a Yunda y otros exfuncionarios de la alcaldía, así como al exsecretario de Salud Lenín Mantilla, quien se mantiene prófugo de la justicia.
De forma paralela, la Fiscalía lleva a cabo otro proceso por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con los contratos de repavimentación para las vías de Quito.
‘Esperemos que el Concejo cumpla el deber que tiene o si no, el pueblo tendrá que salir (…) porque ya no queda otra alternativa, estimó Moncayo sobre la sesión de esta jornada.
De la misma manera que varias organizaciones piden sancionar al burgomaestre, representantes de la población capitalina lo defienden, por considerar válidas sus decisiones en el enfrentamiento a la pandemia, así como acciones ejecutadas por el bienestar de barrios y zonas específicas de la urbe.
Aunque los que sucederá con el alcalde está en manos de las dos terceras partes del Concejo Metropolitano, si la decisión es en su contra, Yunda tendrá la oportunidad de acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para solicitar la revisión del proceso.
De ser removido, el vicealcalde Santiago Guarderas lo reemplazará.
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