Luego de más de 16 horas de evaluación, iniciada la víspera y realizada en dos sesiones, el pleno alcanzó el mínimo de 14 votos requeridos para dar paso al pedido de destitución del burgomaestre.
Según trascendió, entre el resto de los concejales hubo seis abstenciones y un voto en contra.
A partir de esta jornada, Yunda tiene un lapso de tres días para solicitar revisión le proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral, que en similar período de tiempo deberá dar respuesta al recurso y emitir un informe.
En contra del alcalde capitalino pesaban dos demandas de remoción. Sin embargo, en la primera sesión del Concejo, el vocero del colectivo Quito Unido, Marcelo Hallo, decidió retirar el pedido, por considerar que el tema se politizó.
Incumplimiento de ordenanzas y disposiciones para garantizar la participación ciudadana y problemas con las convocatorias a las sesiones de la Empresa Metro de Quito, eran algunas de razones expuestas por los denunciantes.
Por su parte, Yunda no acudió a la cita, pero envió en su lugar al abogado defensor Marcelo Icaza, quien insistió en que no había causales suficientes para sustentar la separación del cargo.
El letrado advirtió que si Yunda era removido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría restituirlo y el estado deberá indemnizar a la autoridad quiteña.
Igualmente recalcó que durante todo el análisis no se respetó el principio de presunción de inocencia.
En sus primeras reacciones tras conocer la decisión, el ahora exalcalde señaló en Twitter: ‘En la política no hay amigos, hay intereses, en la política se puede freír granizo, así me decían y lo he comprobado’.
Igualmente, en redes sociales numerosos mensajes indican que directivos de otras ciudades adoptaron disposiciones fuera del marco de sus atribuciones, sin embargo, no fueron juzgados de forma tan severa por sus acciones o continúan en en funciones.
A la par de la sesión del Concejo, la Fiscalía general lleva a cabo una investigación contra el alcalde, por la supuesta compra irregular de pruebas para detectar la Covid-19 en 2020, cuando la enfermedad estaba en su punto más álgido.
La indagación involucra a exfuncionarios del Distrito Metropolitano, al hijo del burgomaestre y otros familiares.
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