La Fiscalía acusa a Murillo por soborno, lavado de dinero y pertenencia a un clan mafioso internacional asociado al caso Gases lacrimógenos, precisó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Murillo, quien enfrenta otros 30 procesos administrativos, incurrió en delitos para la compra de esos medios antimotines mediante una empresa intermediaria, junto a otros cómplices detenidos con él.
‘En el caso de Murillo, como Ministerio de Gobierno, nos hemos querellado en seis procesos penales, lo cual no excluye nuevos juicios que lo involucren’, aseguró el viceministro.
Ríos explicó que las causas contra el exministro están ligadas a la compra de esos medios antimotines, destinados a fuerzas de tarea que ejecutaron las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal, tras el golpe de Estado de 2019.
‘Hay una afectación de 150 millones de bolivianos (21 millones 731 mil dólares), llevados a 30 procesos por los gases lacrimógenos, y la compra ilegal de ropa e insumos para las tropas del ejecutivo golpista’, aseveró.
La justicia de Estados Unidos informó en mayo la detención de Murillo, junto a exfuncionarios y cómplices como Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, por sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
La compra de gases lacrimógenos fue a la empresa brasileña Cóndor, mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), por 5,6 millones de dólares y un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
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