El plazo comenzó a correr a partir de la entrega del veto, por parte del mandatario, Guillermo Lasso, a 14 de los 21 artículos propuestos a la normativa, denominada Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos.
El proyecto fue aprobado el 7 de mayo último en segundo debate y con 107 votos del legislativo saliente.
Según indicó el mandatario, la propuesta es una ley reformatoria y su análisis depende de la comparación con el cuerpo normativo que modifica.
Entre las observaciones, el ejecutivo señaló algunos términos y verbos incluidos en el documento, que a su juicio deben ser reemplazados.
Las propuestas incluyen tipificar como delito, con pena de uno a tres años de prisión, la filtración de imágenes de naturaleza sexual en contra de la voluntad de la víctima, así como la extorsión y el acoso sexual cometidos a través de Internet.
Sugieren además que el nuevo artículo sobre el delito de hostigamiento podría aplicarse, por ejemplo, a periodistas en busca de acercamientos o contacto con personas investigadas por un delito de corrupción, con el propósito de obtener información.
En ese mismo contexto, el gobierno propone eliminar artículos que no protegen a las mujeres y en su criterio podrían servir para obstaculizar el flujo libre de información en Internet, como las disposiciones sobre revelación de secretos y contravenciones contra el honor.
Se busca también brindar tratamientos de rehabilitación y prevención a los casos de bullying escolar y laboral y dispone a la Secretaría de Derechos Humanos la ejecución de
campañas de sensibilización sobre la violencia sexual digital y el derecho a tener una vida libre de ella.
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