Mediante su cuenta en Twitter, el titular anunció la presentación de información sobre la entrega de armamento que realizó aquel país y supuestamente utilizó el régimen boliviano para reprimir las protestas tras la renuncia de Evo Morales.
‘La investigación que emprende Ecuador y que presentaremos aquí debe condenar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra nuestro pueblo’, subrayó Lima.
Las responsabilidades de Áñez y Moreno no pueden quedar impunes, sostuvo el abogado, quien apuntó al préstamo de cinco mil granadas de mano, 500 de sonido y destello, dos mil 383 proyectiles de largo alcance de 37 milímetros, y 560 proyectiles de corto alcance calibre 437 milímetros.
El asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán, junto a la bancada de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), divulgaron en Twitter una denuncia ante la Fiscalía de su nación contra Moreno para que se investigue por la entrega de material militar.
El exmandatario Rafel Correa (2007-2017) confirmó luego a través de la propia plataforma que la acusación es contra ‘Moreno y otros por presunto peculado en relación a entrega de armas a Bolivia’.
El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, señaló el pasado fin de semana que el ‘préstamo’ fue irregular y acusó a la Policía de Ecuador de haber apoyado la represión del ejecutivo transitorio de Áñez en noviembre de 2019.
Señaló a los entonces ministros bolivianos Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Roxana Lizárraga (Comunicación) de realizar las gestiones en medio de una ‘cooperación regional de represión’ al estilo del Plan Cóndor de las dictaduras de los años 70 del siglo pasado.
El traslado se hizo con un ‘perfil bajo’ sin que López respetara la ley de armas en cuanto al ingreso del material represivo sin escolta militar, indicó.
El extitular Mauricio Ordóñez reveló la víspera detalles de una reunión del gabinete boliviano del 14 de noviembre de 2019 desde la cual Lizárraga contactó con Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia por la masacre de 2003, para resolver la falta de proyectiles y gases lacrimógenos.
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