La resolución quedó revocada mediante el Decreto Ejecutivo 75, firmado esta jornada por el mandatario, el cual retira a la Casa Militar Presidencial la responsabilidad de otorgar seguridad a los parientes cercanos de los altos funcionarios.
El nuevo texto suplantó al Decreto 1369, del 3 de mayo de 2017, que extendía, de ser necesario, la protección a cónyuges e hijos de los ex jefes de Estado y otrora vicepresidentes por el período de un año y seis meses, respectivamente.
En virtud de esa decisión, el resguardo que actualmente reciben esos ciudadanos será retirado en 30 días.
Con las modificaciones, los titulares de las diferentes carteras y sus familiares contarán con seguridad únicamente bajo la necesidad imperiosa de brindar protección a autoridades, cuyo perfil sea considerado de riesgo, condición que será determinada por un informe técnico de la Casa Militar Presidencial.
Serán los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno (Interior) los encargados de ejecutar el decreto expedido.
Desde su entrada en vigor, la seguridad militar estará destinada al presidente, vicepresidente, y sus cónyuges, así como al secretario general de la administración pública y de gabinete de la presidencia.
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