Entre las evidencias recientes en el caso conocido como Las Torres, constan chats desde whatsapp, mediante los cuales el funcionario, detenido en la Cárcel 4 de Quito, disponía cambiar órdenes de trabajo, notificar destituciones y desvanecer glosas o limpiar informes con observaciones en contra de un servidor público, tercero involucrado o beneficiario.
De acuerdo con informaciones difundidas en diversos medios de comunicación, los indicios recopilados dan cuenta de pagos irregulares, por parte de empresas, para borrar observaciones en su contra, por valores millonarios.
Al respecto, la fiscal general Diana Salazar explicó ante la corte que una vez consignados los pagos ilegales, se indicaba la desaparición de las objeciones a las compañías con problemas detectados.
‘Esa fue la forma de operar de esta estructura criminal’, aseguró Salazar y recalcó en la existencia de coordinación para la entrega y recepción de los sobornos.
A su criterio, el desvanecimiento de glosas allanaba el camino para que empresas pudieran efectivizar pago de facturas.
Una de las más comentadas implica la eliminación de una por un monto de 112 millones de dólares a favor de una transnacional de Telecomunicaciones.
Por su parte, algunos de los chats de Celi y servidores de la instancia que dirige, difundidos en Internet, muestran abiertamente indicaciones para tomar acciones irregulares, mientras otros evidencian los compromisos adquiridos con diferentes personas.
Las conversaciones, según los acusadores, muestran la discrecionalidad con la cual se manejaban casos determinados en el ente a cargo del cuidado de los fondos públicos.
Entre los actos documentados está la indicación de destituir al rector de la Universidad Técnica de Manabí, Vicente Véliz, confirmada en septiembre de 2020 y que muchos relacionaron con la persecución política desatada contra Andrés Arauz, excandidato presidencial y esposo de la hija del directivo removido.
En medio de la recopilación de los nuevos elementos, la víspera la Corte Nacional de Justicia rechazó el tercer pedido de la defensa del contralor de revisar la medida de prisión preventiva, que cumple desde el pasado 14 de abril.
La instancia no dio paso al Habeas Corpus presentado a favor de Celi, tras evaluar los argumentos de la Fiscalía, en los cuales señaló que la instrucción fiscal en el caso Las Torres aún no culmina y la preocupación sobre la posible alteración de evidencias, si el procesado sale de prisión y retoma su puesto, el cual no ha perdido.
Mientras, el abogado defensor del imputado, Marcelo Ron, rechaza las acusaciones y en declaraciones a la prensa, afirmó que no hay indicios para certificar las consignaciones de fondo a la cuenta personal de su cliente.
En ese contexto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social exhortó a Celi a renunciar al cargo, teniendo en cuenta su situación legal y la condición de detención en la que se encuentra.
Los problemas con la legalidad del manejo de la Contraloría General del Estado aumentaron con la reciente renuncia de la subcontralora, Valentina Zárate, quien asumió desde el 14 de abril hasta el pasado 21 de junio, en medio de investigaciones para recabar información sobre su nombramiento.
El caso Las Torres involucra a otros funcionarios e indaga en actos de corrupción, además, en la empresa pública Petroecuador y la secretaría general del gabinete de la presidencia.
La lista de implicados incluía a José Agusto Briones, exsecretario general del gabinete de la presidencia de la república durante la gestión del mandatario Lenín Moreno, quien apareció muerto por ahorcamiento, en un supuesto suicidio, mientras cumplía prisión preventiva, en mayo último.
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