Concédenos perdón como lo hiciste con los terroristas y políticos notorios, decía una pancarta que exhibían en el techo de una prisión en esta capital exigiendo igualdad de trato y consideración de fianza.
La liberación el jueves del exlegislador Duminda Silva tras ser indultado por el presidente Gotabaya Rajapaksa generó críticas generalizadas, incluso de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la embajadora de Estados Unidos en Sri Lanka.
La oficina de derechos humanos de la ONU declaró que el caso ‘es otro ejemplo de concesión selectiva y arbitraria de indultos que debilita el estado de derecho y socava la rendición de cuentas’.
Por su parte, la embajadora estadounidense, Alaina Teplitz, en un tuit el jueves coincidió en que el indulto ‘socava el estado de derecho’.
Silva, condenado a muerte por el asesinato de un político rival de su propio partido en un ataque relacionado con las elecciones hace unos 10 años, es visto como un favorito de la familia gobernante.
La huelga de hambre involucró a unos 150 presos condenados a muerte que exigían que sus condenas fueran conmutadas por cadenas perpetuas, dijo a la prensa el portavoz de la prisión, Chandana Ekanayake.
A pesar de que los tribunales dictan sentencias de muerte de forma rutinaria, Sri Lanka no ha ahorcado a ningún prisionero desde 1976.
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