El proceso de esta jornada responde a las solicitudes realizadas por parlamentarios de tres fuerzas políticas: Partido Social Cristiano, Movimiento CREO y Coalición Unión por la Esperanza.
Esas organizaciones impulsan el juicio político al funcionario, quien cumple prisión preventiva desde abril pasado y estaría relacionado con esquemas de recepción de sobornos a cambio de desaparecer glosas o informes con observaciones a varias empresas, entre otras irregularidades.
Sin embargo, el pasado 25 de junio, el pleno de la Asamblea decidió priorizar una acción similar dispuesta desde el legislativo anterior, contra el exministro de Energía René Ortíz, lo cual derivó en fuertes críticas, desde el propio parlamento y en las redes sociales.
El análisis en el seno de la comisión fiscalizadora versa sobre la solicitud de tramitar de manera urgente el enjuiciamiento a Celi.
Al respecto, el presidente del equipo, Fernando Villavicencio, señaló que en la sesión 712 hubo vulneración al procedimiento parlamentario y se impidió al pleno conocer el informe aprobado por Fiscalización, por lo cual convocó al encuentro de esta jornada a fin de resolver la prioridad de los juicios políticos en función del interés nacional.
De su lado, el asambleísta Ronny Aleaga informó en Twitter que, por unanimidad, los miembros de la Comisión acordaron hoy redactar un informe para argumentar jurídicamente y sugerir al pleno el archivo del proceso contra Rene Ortiz y dar paso al de Celi.
Quienes demandan tramitar al procedimiento, consideran inaceptable que la cárcel, el contralor aspire a continuar en el ejercicio de funciones, a través del nombramiento de funcionarios y de la realización de despachos, sin ningún tipo de control o límite.
Mientras, en declaraciones públicas, la presidenta del máximo órgano legislativo, Guadalupe Llori, rechazó afirmaciones de que se pretende impedir el proceso contra Pablo Celi y aseguró: ‘el Pleno no ha privilegiado un juicio político por sobre otro, como maliciosamente se ha informado’.
En la investigación contra el contralor, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para probar su participación en el denominado Caso Las Torres, entre ellos indicios recopilados dan cuenta sobre pagos irregulares, por parte de compañías, para borrar observaciones en su contra, por valores millonarios.
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