El presidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, emplazó a los parlamentarios que se den a respetar ante las amenazas de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, de impedir que entren en vigor las enmiendas a la Ley 4, de 2017.
Estos cambios restablecen los derechos de los empleados del sector privado, de los cuales fueron despojados por el Gobierno del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), que preside el gobernador Pedro R. Pierluisi.
Refirió que mientras Jaresko se opone a que los trabajadores en el sector privado, un área en la que la ley Promesa, que crea la JSF impuesta por Washington, no le da injerencia, goza de de un salario anual de 625 mil dólares.
Nieves Torres consideró que, además, es el momento para detener los gastos de alrededor de 60 millones anuales en que incurre el organismo, establecido hace cinco años por Washington para controlar el presupuesto de Puerto Rico, debido a su bancarrota fiscal, con una deuda superior a los 70 mil millones de dólares.
El reclamo del dirigente sindical ocurre en medio de objeciones de la directora ejecutiva de la JSF para que se pongan en marcha las enmiendas a la Ley 4, de 2017, que restablecen los derechos de los trabajadores del sector privado y que fueron aprobado en Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico.
‘La mal llamada ley de reforma laboral no representó más empleos ni desarrollo económico, pues en cuatro años ha reducido el salario de los trabajadores y deteriorado sus condiciones laborales; lo único que ha aumentado es la explotación de los trabajadores’, apuntó.
El presidente de la CPT sostuvo que ‘Jaresko no puede ni podrá demostrar los beneficios de la Ley 4 de 2017, porque no existen’.
‘Ya son muchas las objeciones de Jaresko y la Junta ante las iniciativas que hemos impulsado en la Asamblea Legislativa, como la Ley de Retiro Digno y el Proyecto 3 para restablecer derechos eliminados por la falsa reforma laboral’, agregó.
Nieves Torres consideró que los legisladores deben retomar la Resolución Conjunta del Senado 215 aprobada en 2018, que establecía detener los desembolsos de fondos a la junta de control fiscal.
‘Llegó el momento de darse a respetar y confrontar a una Junta que impone austeridad y recortes, y no aporta nada al desarrollo económico de Puerto Rico’, dijo el sindicalista, quien pidió erradicar al organismo, un obstáculo permanente para aprobar leyes de justicia social’.
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