Celi recibió el documento oficial en la Cárcel 4 de Quito, donde cumple prisión preventiva mientras es investigado por supuesta delincuencia organizada en el caso conocido como Las Torres, que indaga pago de sobornos a cambio de desvanecimiento de glosas o limpieza de informes en algunas empresas, por parte de la Contraloría General del Estado.
La notificación incluye la solicitud de enjuiciamiento y el sustento del pedido, a fin de que presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo que considere pertinentes.
A partir de la entrega comenzó a correr el plazo de 15 días para que el legislador interpelante, Juan Cristóbal Lloret, presente las pruebas, a fin de validar la acusación contra Celi.
Pasado ese tiempo existen, por normativa, otras 10 jornadas adicionales, hasta el venidero 25 de julio y la Comisión parlamentaria a cargo podría pedir pruebas de oficio.
Sobre el caso del contralor, Lloret señaló la víspera a Pichincha Comunicaciones: ‘Hay que exigir la lista de Celi ¿Quiénes son los que se beneficiaron con el desvanecimiento de glosas a través de estos estudios jurídicos?’.
Al respecto, añadió que detrás de esas acciones hay centenas de millones de dólares y funcionarios de la Contraloría amedrentados por cumplir con su deber y negarse a ser parte de movimientos irregulares en la institución.
Según amplió, Celi manejaba una red de corrupción, de delincuencia organizada en el país.
También se refirió al deceso de José Agusto Briones, exsecretario general de la presidencia de la república, quien apareció muerto en prisión, en un aparente suicidio, mientras se investigaba su participación en la trama e ilegalidades del caso Las Torres.
‘Hoy tenemos un momento importante, trascendental, en el país, para sacar a la luz la verdad de los hechos’, aseveró el legislador de la coalición Unión por la Esperanza.
El juicio político contra el encargado de la instancia que defiende los fondos públicos es una demanda de varias bancadas parlamentarias y de sectores de la población en general, quienes también cuestionan su permanencia en funciones.
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