Según la plataforma de noticias sobre salud Health Policy Watch, la KEI -un grupo sin fines de lucro a favor del acceso asequible a los medicamentos- solicitó que agencias federales colaboren con los institutos de investigación cubanos para financiar ensayos clínicos ampliados o adicionales.
Durante el último año y medio, en medio de la pandemia de Covid-19, las sanciones de Estados Unidos contra Cuba afectaron la capacidad de las empresas y organizaciones sin fines de lucro de trabajar con la isla en su programa de vacunas, reconoció la entidad en su mensaje al ejecutivo.
El presidente Joe Biden necesita aclarar las cosas y asegurar que ninguna de las sanciones de Washington se extienda a las actividades para fabricar, vender o distribuir inmunizantes del país caribeño, reclamó la KEI.
De esa forma, la organización pide cuentas a la actual administración sobre el estado del memorando de entendimiento firmado en junio del 2016 entre el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y el Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Dicho acuerdo, que determinó establecer la cooperación bilateral en enfermedades transmisibles, quedó congelado durante el mandato del exmandatario Donald Trump y aún persiste en el actual contexto epidemiológico internacional.
Al tomar el poder en enero pasado, Biden decidió que autoridades gubernamentales revisaran sin demora las sanciones financieras y económicas multilaterales que obstaculizaban la respuesta a la pandemia; sin embargo nada cambió respecto a Cuba.
La mayor de las Antillas denunció recientemente los obstáculos provocados por el bloqueo de Estados Unidos para obtener insumos necesarios para el desarrollo de sus vacunas.
A pesar de ello, Cuba cuenta con cinco candidatos vacunales contra la Covid-19, de los cuales dos, Soberana 02 y Abdala, demostraron su eficacia en los ensayos clínicos y esperan ser aprobados por la entidad nacional reguladora.
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