La dimisión la presentó mediante una carta enviada a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofí Almeida, luego de casi tres meses en la cárcel 4 de Quito.
Según explicó, con el pedido de renuncia irrevocable busca salvaguardar la integridad de los procesos institucionales de la Contraloría.
Al respecto, agregó que existen fuerzas interesadas en tomar el control de la instancia, paralizarla y bloquear sus procesos.
Igualmente, insiste en señalar que su detención fue arbitraria, pese a todos los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General en el caso denominado Las Torres, en el cual está implicado junto a más de una decena de exfuncionarios y servidores.
De acuerdo con la indagación, Celi y los otros involucrados formaban parte de una red para desvanecer glosas o limpiar informes con observaciones de empresas, a cambio de pago de sobornos.
La decisión la informó poco después de ser notificado sobre el inicio de un juicio político en su contra, ante la Asamblea Nacional, por incumplimiento de funciones.
Sobre el contralor pesan otras denuncias como la de ocupar el cargo, en calidad de subrogante, de forma ilegal.
Al respecto, el funcionario señaló que quiere estar, de manera presencial en el proceso, en el cual el legislador Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de Unión por la Esperanza, actúa como interpelante.
Por su parte, varios parlamentarios alertaron que estarán vigilantes del procedimiento legislativo, pues Celi debe rendir cuentas al país.
Mientras tanto, la Contraloría permanece con un vacío en su directiva, porque tras la renuncia del subrogante y la persona nombrada para sucederlo, la nueva designación, que recayó sobre Carlos Riofrío, tampoco tuvo el procedimiento correspondiente.
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