Según adelantó David Rosero, vicepresidente del Cpccs, ‘lo que corresponde es conocer y aceptar esa renuncia y proceder a informar a las diferentes instituciones del estado, principalmente a la Asamblea Nacional’.
A su juicio, las decisiones tomadas por Celi, quien cumple prisión preventiva mientras avanza el caso Las Torres en el que es procesado por presunta delincuencia organizada, no son válidas si fueron dispuestas durante un período de licencia.
En esa situación está la designación de Carlos Riofrío como subrogante, el pasado 25 de junio, cuya legalidad es cuestionada desde varios sectores.
Al respecto, la defensa de Celi insiste en que sí hubo un permiso por enfermedad, pero el nombramiento ocurrió antes de solicitar una licencia sin sueldo, aún vigente.
Mientras se define el tema, la Contraloría General del estado permanece sin dirección y su máxima autoridad debe salir mediante concurso de méritos y oposición, lo cual tomará alrededor de seis meses.
El contralor permanece bajo prisión preventiva desde hace casi tres meses, en la Cárcel 4 de Quito.
Su pedido de dimisión irrevocable lo hizo el lunes de esta semana, con el argumento de salvaguardar la integridad de los procesos institucionales del ente que aún dirige.
Por su parte, en el marco del proceso en su contra, la Fiscalía General presentó numerosos elementos para probar su participación en su esquema de corrupción caracterizado por desvanecer glosas o limpiar informes de empresas, a cambio de coimas.
En el caso están involucradas además una docena de funcionarios y exservidores.
A la par, el Parlamento analiza un pedido de juicio político en su contra por incumplimiento de funciones, del cual ya fue notificado.
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