El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la AAA sostiene que el gobernante, en contubernio con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por Washington, quiere sujetar el agua, un servicio esencial, a las fuerzas del mercado.
‘No podemos permitir que privaticen el agua, la energía eléctrica, la educación y la seguridad de nuestro país porque significa que tendremos el servicio que podamos comprar, no el que el gobierno ofrezca por los principios de justicia social que está obligado a garantizar’, afirmó De Jesús.
El sindicalista indicó que la Legislatura debe actuar para dar paso a las enmiendas a la Ley de las Alianzas Público-Privadas que sometimos ‘para que no se negocie la privatización a puertas cerradas y en colaboración con la junta fiscal’.
La presidenta de la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIetel), Telizia Dolz, expresó por su parte que más de 600 mil trabajadores del sector privado luchan contra la legislación que quiere imponer la JSF para quitar o reducir derechos laborales.
La dirigente de la Hietel, que agrupa a los empleados de la empresa de telefonía Claro, enumeró las licencias de enfermedad y vacaciones, bonos, tiempo probatorio entre otras medidas abusivas que se dirigen a una mayor explotación laboral.
‘Repudiamos el intento de la JSF para impedir que se apruebe el proyecto de la Cámara para restablecer los derechos que teníamos antes de la Ley 4 de 2017’, dijo.
Dolz propuso impulsar que el salario mínimo de un trabajador alcance, de forma escalonada, los 15 dólares por hora, dado el alto coste de vida en esta isla del Caribe, donde hace dos décadas no se revisa el salario mínimo de 7.25 dólares la hora.
En algunos renglones laborales solo se pagan 2.25 por hora, como en los restaurantes, que el salario se complementa con las propinas.
‘Basta ya de migajas para los trabajadores’, estableció la dirigente sindical.
El portavoz de la Federación de Pensionados y Jubilados, Andrés Miranda, argumentó que tiene que detenerse ‘el juego que tienen la Junta y el Gobernador con los pensionados, luego de la aprobación de la Ley 7 Para un Retiro Digno’.
Los datos evidencian, expresó, que los pensionados son pobres que no aguantan más recortes en una etapa de vida en la cual aumentan los gastos médicos, de fármacos, cuido y transportación, entre otros.
‘Los pensionados tenemos que tirarnos a la calle porque en la casa se le facilita a la Junta matarnos’, reflexionó Miranda.
Los dirigentes sindicales, que forman parte de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, insistieron en que los pensionados, como víctimas de esta política de expoliación, tienen que impulsar la agenda de Puerto Rico y eliminar la agenda de la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal.
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